La CEH, cuyo informe se tituló Guatemala: Memoria del Silencio, permitió que este, el silencio, dejara de ser la norma con respecto a las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en contra de la población civil no combatiente. Ante el mundo, pero muy especialmente, ante la sociedad guatemalteca, de la que una parte aún se hace la sorda ante los hechos, se transparentó la verdad: el racismo estructural habría llegado a su máxima expresión con el genocidio contra la población maya.
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Aunque el concepto general de genocidio no incluye la intención de eliminar a un grupo social que sostenga una ideología política, los hechos relatados en el informe de la CEH evidencian la estrategia para aniquilar, mediante violencia extrema, las expresiones político-ideológicas contrarias a la ideología ultraconservadora dominante. Sector político que mantuvo el control del Estado desde 1954 y, salvo contadas excepciones, ejerció el poder absoluto del espectro político.
A raíz de la presentación del informe y debido a la fuerza social de las personas sobrevivientes, el Congreso designó el 25 de febrero como Día Nacional de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI). Razón por la cual, todos los años, se realiza una marcha en memoria de las víctimas de la violencia política, en particular del terrorismo de Estado, durante el CAI.
Este 25 de febrero no ha sido la excepción. Como un hecho simbólico de profundo significado, la marcha la encabezaron las mujeres achi’ quienes son acusadoras contra efectivos castrenses, por violencia sexual durante el CAI. Con enorme valentía, esas mujeres, como ya lo hicieron las abuelas de Sepur Zarco y Emma Molina Theissen, se han enfrentado a sus agresores. Los han confrontado ante el tribunal y les han devuelto la culpa y la vergüenza que por años cargaron injustamente sobre sus hombros.
Acompañadas solidariamente en la corte y durante la marcha para conmemorar a las víctimas de la violencia ocurrida durante el CAI, estas mujeres siguen abriendo camino. Como ya lo hicieron hace décadas las primeras familias, solas u organizadas en la búsqueda de personas desaparecidas. Como doña Juanita Loza, que se plantó frente a las puertas del palacio durante el gobierno del chacal Carlos Arana. O doña Ofelia Obando y don Miguel Antel Obregón, pioneros en la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos.
Las mujeres fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), como Rosario Godoy, Nineth Montenegro y Herminia García; las fundadoras de la Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), como doña Aura Elena Farfán y doña Blanca Hernández; o las mujeres de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), la Red de Mujeres Ixiles y las mujeres Molina Theissen, entre muchas otras, han sido pioneras en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Junto a ellas, este 25 de febrero, miles de familias repitieron en sus corazones: No les hemos olvidado.
Junto a ellas. Junto a todas las personas buscadoras, repetimos: seguimos y seguiremos buscándolos. Les alumbramos el camino de regreso a casa. Generación tras generación, nos nutrimos de la necedad y de la dignidad, para seguir rompiendo el silencio.
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