Conceptualmente, los consejos de desarrollo son una estructura jerárquica territorial, de abajo hacia arriba, que va de la comunidad al municipio, al departamento, a la región y finalmente a la totalidad del territorio nacional, con el propósito de constituir un espacio de participación ciudadana. Se pretende que sean una forma avanzada de gobierno local que tome en cuenta a la población beneficiaria al tomar decisiones y definir prioridades, que optimice los resultados al estar más ajustados a la realidad de las necesidades y, también, la propia comunidad puede supervisar y auditar socialmente el uso de los recursos.
En la ley vigente, esta aspiración se materializa en el nivel departamental, en los Codede, presididos por la gobernación, e integrada por todos los alcaldes municipales del departamento, las delegaciones del gobierno central, empresarios, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y otras expresiones de la sociedad civil. En el presupuesto estatal, las asignaciones de recursos se destinan a los Codede, y, por ello, son un nodo de concentración de poder.
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Lamentablemente, pese a las buenas intenciones, históricamente los Codede han sido uno de los blancos predilectos de la corrupción y del crimen organizado. Más que un espacio legítimo y funcional de participación ciudadana, han sido capturados por estructuras criminales, y lejos del balance participativo de poder en la toma de decisiones, han sido controlados por gobernadores, grupos de alcaldes y diputados distritales, estos últimos, aun cuando la ley no los incluye como autoridades o integrantes de los Codede. En vez de facilitar la transparencia y la auditoría social, los Codede son monumentos a la opacidad fiscal, a la violación sistemática del derecho humano al acceso a la información pública.
El presidente Arévalo tomó un paso importante al hacer un esfuerzo por nombrar gobernadoras y gobernadores honestos que, presidiendo los Codede, rompieran el aquelarre histórico de corrupción orquestada desde la tríada del poder local: gobernadores, alcaldes y diputados. Sin embargo, se ha impuesto el rigor de la realidad de la dinámica del poder político a nivel local, y hoy las gobernaciones departamentales son más bien una debilidad que una fortaleza, de manera aguda en el caso de las gobernaciones presididas por mujeres mayas, bajo ataque misógino y racista.
El momento actual es crítico, por el incremento de los aportes extraordinarios a los Codede, que han pasado de Q300 millones en 2021 a alrededor de Q7,000 millones en 2025; es decir, se han multiplicado 23 veces en tan solo cinco años, un aumento del 2,333 %. Es ingenuo pensar que las estructuras mafiosas y corruptas enquistadas en los Codede no están salivando por cebarse con semejante botín.
A la fecha, la ejecución presupuestaria de estos aportes extraordinarios a los Codede es bajísima, apenas alrededor de 14 %. Pero, precisamente por ello, las presiones por acelerar la ejecución, independiente de la calidad de las obras que se hagan, son enormes. Debemos extremar los cuidados al exigir más ejecución sin demandar, al mismo tiempo, transparencia y calidad, porque, de lo contrario, obtendremos los resultados de siempre: «caminos rurales» que no se ven y no pueden auditarse.
Es urgente y crítico reforzar las acciones ciudadanas en el ámbito local para auditar socialmente la ejecución de los Codede, cuya aceleración se anticipa para el segundo semestre. Que las mafias se sientan observadas por el ojo ciudadano, crítico y agudo.
Por supuesto, se dice fácil, pero no lo es. Incluso, puede ser peligroso. Pero, la alternativa es que las mafias de siempre se atiborren Q7,000 millones, así por así, como siempre. ¿Qué vamos a hacer?
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