Pese al reconocimiento internacional, a través de la Cedaw, de la desigualdad estructural que aún persiste en contra de las mujeres, esta desigualdad ha generado, a lo largo de la historia, violencias y discriminación basadas en el sexo biológico, de modo que constituye un factor fundamental para comprender el entramado del poder y la hegemonía androcéntrica de un sistema patriarcal y machista que ha tratado de silenciar y excluir a las mujeres a lo largo de la historia.
Actualmente se pretende alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en 2030, como parte de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) que los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han comprometido a cumplir. De esos 17 objetivos, el número 5 se refiere a la igualdad de género. Y el 10, a la reducción de las desigualdades. Estos compromisos internacionales fueron aprobados en 2015 en el seno de la ONU e involucran a países de todo el mundo.
Entonces, es más que evidente que prevenir y erradicar la violencia que genera la desigualdad entre las personas, principalmente entre hombres y mujeres, es de interés mundial, no tiene estrato social y no se ubica en un espacio geográfico determinado. Estas estructuras generadoras de desigualdad pueden presentarse en el hogar, la familia, el trabajo, los centros educativos, la política, la distribución económica, etcétera, y, por ende, se encuentran tanto en el espacio público como en el privado.
Es por ello que hablar de la búsqueda de igualdad de derechos y de oportunidades, exigir una vida libre de violencia y hacer análisis de género no es cuestión de alfabetos o analfabetos, de ricos o pobres, de izquierdas o derechas, como a menudo se hace ver. Sin embargo, se ha trasplantado como un tema para analfabetos funcionales, para grupos conservadores y para quienes siguen naturalizando la desigualad a través de una cultura de violencia en los entornos y etapas de desarrollo de las personas, así como para quienes buscan minimizar y problematizar aún más un tema que no cabe en posturas ideológicas.
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Para hablar de desigualdades y de prevención de violencias es necesario no solo tener una visión crítica del desarrollo histórico de las sociedades, de las estructuras de poder, del establecimiento de los roles y de la exigencia de los estereotipos sociales en los espacios y entornos comunitarios, sino también aunar esfuerzos para comprender realmente el amplio significado del concepto género. En complemento con lo anterior, bastaría con una sincera reflexión, incluso sobre el propio desarrollo, para comprender por qué esta temática es abordada por 193 Estados del mundo a través del establecimiento de compromisos que deben canalizarse por medio de políticas públicas y gobiernos de diversa índole sin generar una problemática que se centre en posturas ideológicas.
Es por ello que, en Guatemala y en los otros 192 países parte de la ONU, el 25N resuena en la exigencia de integrar políticas de Estado y de gobierno que cumplan esos compromisos sin importar si es la República Popular China o el Brasil de Bolsonaro. Un compromiso internacional adoptado por los Estados es uno que los gobiernos de turno deben adoptar e integrar en sus políticas de gobierno para intentar alcanzar los ODS en 2030 a escala mundial.
Quien piensa que abordar temas de género y abogar por el cumplimiento de los derechos humanos y por una vida libre de violencias es cuestión de ideología debería reflexionar profundamente sobre sus conocimientos adquiridos y sus análisis, ya que tiene como contraparte la opinión de 193 países que no tuvieron problema alguno en acordar los ODS 5 y 10 para el desarrollo de sociedades más justas, igualitarias y prósperas.
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