Al mejor estilo efecenista, que recuerda en mucho al no del todo finado emelenismo, el exmilitar Melgar Padilla dispuso grabar un video para acusar al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de todo lo malo que les pueda suceder a él y a su familia. Aprovechando el ambiente tenso que él, los de su partido y algunos altos dirigentes del empresariado han armado para oponerse a las reformas al sector justicia, dispuso revolver el cebo con la manteca y decir que las decisiones del MP y de los jueces son parte de las presiones para obligarlo a votar de determinada manera en el Congreso, pero que él, patriota como es, aunque no vista de naranja, está dispuesto a defender la soberanía nacional. No sabemos a qué soberanía se refiere, pues él y los suyos siempre venden el país al mejor postor.
Como todo mundo ya sabrá, una parte del asunto es que en noviembre de 2012 su padre fue asesinado como consecuencia de un conflicto familiar por bienes raíces. Se acusó del crimen al hermano y a la cuñada de la víctima, que murió cuando el juez, por extrañas razones, se opuso a que se la trasladara a un hospital gravemente enferma. El supuesto asesino confeso entró en contradicciones y todo el proceso ha resultado viciado en su gestión. Por ejemplo, a la anciana tía política del diputado se la acusa de integrar una cuadrilla de robo de tierras falsificando documentos, pero, además del caso de su cuñado, no se ha presentado otra acusación. De esa cuenta, con el fin de reiniciar de manera adecuada el proceso, el MP dispuso retirar los cargos y, en consecuencia, la libertad temporal de los acusados.
Evidentemente, el MP ya tiene una o varias hipótesis alternativas, desde la revisión de la culpabilidad del asesino hasta implicar a otras personas, como las que ordenaron el crimen. Sin caer en difamación, una de las hipótesis bien puede ser la del parricidio. Para todo ello, el diputado Melgar Padilla, hijo de la víctima, tiene todos los instrumentos legales para apelar la decisión del juez y presentar todos los recursos con que la justicia cuenta para proteger a los ciudadanos. Lo que le resulta difícil como parte acusadora es recurrir al litigio malicioso, del que se ha servido su colega diputado y exmilitar Édgar Ovalle para evadir la justicia, aunque todo apunta a sobornos y contubernios con jueces y anteriores fiscales para incriminar a unos y proteger a otros.
El asunto, pues, es totalmente de fuero personal. Bien se puede llegar a suponer que el MP ha actuado irresponsablemente y que la línea de investigación asumida no sea la adecuada. El ciudadano Melgar Padilla, insistimos, tiene todos los recursos a la mano para litigar donde procede: en los juzgados. Es también válido que, como ciudadano poderoso, haga público su malestar y rechazo. Pagar campos en la prensa escrita y usar sus influencias en los canales de Ángel González para difundir su protesta podrían haber sido una alternativa.
Sin embargo, al usar su posición de diputado, conseguida por medios más que opacos, resulta un abuso irresponsable e inaceptable del cargo. Si como ciudadano tiene todo el derecho a cuestionar legamente la decisión de jueces y fiscales, como dignatario de la nación está obligado a separar lo personal de lo político y a respetar las decisiones de la justicia, pues hay una clara y total separación de poderes.
Con su actitud, el diputado ha decidido entrar en el terreno del autoritarismo, en el de la instrumentalización del poder público para beneficio personal. Victimizarse como ciudadano tal vez le quedaría bien, aunque, dados sus antecedentes y vinculaciones, solamente los ingenuos e incautos podrían solidarizarse con él. Pero hacerse la víctima como diputado y acusar al MP de conspiración en su contra resulta, más que infantil, irresponsable.
Como diputado, puede asumir la posición ideológica que desee. Tiene allí como ejemplo al ya folclórico Linares Beltranena. Y si su bancada dispone nadar contra la corriente de la historia, él siempre ha estado en ese lado. Las presiones que los distintos actores sociales han hecho para lograr que se apruebe el artículo 3 de las reformas del sector justicia han sido abiertas y legítimas, y es evidente que él obedece a otros intereses y actores. Que el vicepresidente Cabrera salga en su defensa exigiendo una justicia pronta es una muestra más de la vocación autoritaria del grupo que gobierna. Su intromisión hace evidente que, enemistados con el MP y la Cicig porque en el cumplimiento de su deber han afectado sus intereses, hacen ahora todo lo posible por desprestigiarlos y complicarles su trabajo.
Usar su situación personal para deslegitimar al MP y a la Cicig y poner de su lado a los sectores ultraconservadores del empresariado puede resultarle un pésimo negocio, ya que estos siempre usan a personas como él, pero, como le pasó a Pérez Molina, cuando ya apestan demasiado simplemente descargan el sanitario y las dejan correr por los drenajes.
En el asesinato de su padre, como en todos los crímenes conectados con el hecho, hay muchas cosas no dichas o pésimamente explicadas. Él tendrá que mostrar las pruebas suficientes para que los verdaderos responsables sean condenados. En su labor parlamentaria deberá actuar con apego a la seriedad y a la responsabilidad que el momento exige, pues felizmente ya no estamos en la época de Lucas García.
Tal vez lo primero que debería hacer es explicar, con toda la claridad y toda la transparencia necesarias, qué hizo para que de la noche a la mañana Alsider Arias, con lágrimas en los ojos, dejara la curul y los jugosos ingresos.
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