A marchas forzadas avanza el proyecto de aniquilación de la palabra. El ejercicio de los derechos de libre expresión, acceso a la información y libertad de prensa, están bajo asedio. Acciones recientes en el sistema de justicia o disposiciones en el organismo ejecutivo, ponen de manifiesto esta circunstancia.
En primer lugar, las defensoras Nanci Sinto y Dulce Archila, pese a que fueron declaradas inocentes en primera instancia, vuelven a ser criminalizadas por el Estado. Ambas defensoras, mientras ejercían el derecho a manifestar, sufrieron la brutal represión de la Policía Nacional Civil (PNC), el 20 de noviembre de 2020. Lejos de que sus agresores enfrenten a la justicia, son ellas quienes han sido llevadas a juicio, sindicadas de delitos que no cometieron. Mientras el Ministerio Público (MP) se hace de la vista gorda contra la PNC por las agresiones, dedica toda una estructura institucional para forzar una condena basada en falsas acusaciones. El derecho ciudadano a manifestar y expresarse es abiertamente reprimido mediante un proceso que busca enviar un mensaje ejemplificante para inmovilizar y silenciar la palabra.
Casi en simultáneo a este caso, tienen lugar las audiencias en el falso proceso contra José Rubén Zamora Marroquín, fundador de ElPeriódico, perseguido por su labor periodística. No conforme con mantener en prisión a Zamora Marroquín y a dos de sus abogados, así como con haber forzado el cierre del medio, el MP persigue a periodistas de ElPeriódico. En ese contexto, la libertad de prensa está seriamente amenazada y con ello se busca impedir que el periodismo cumpla su labor de iluminar sobre las acciones anómalas de quienes ejercen el poder en Guatemala.
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Para poner, como quien dice, la tapa al pomo, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), resuelve clasificar como reservada la información a su cargo. El 30 de mayo entró en vigor la resulución MDN-DAJ-097-2023-yl, suscrita por el titular del Mindef, Henry Yovani Reyes y publicada en el diario oficial ese mismo día. En la resolución de marras, la cartera de Defensa reserva por siete años la información relativa a «componentes militares estratégicos que integran el Ejército de Guatemala».
Aparte de que el texto no indica qué entiende por componentes militares estratégicos, incumple varios artículos de la Constitución Política de la Republica (CPRG), la ley Constititutiva del Ejército (LCE) y la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Además de que abiertamente ignora la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Lmsns).
Según la LAIP, una disposición como la rubricada por el titular del Mindef, debe ser suscrita por la máxima autoridad de la institución. En este caso, y de acuerdo con la CPRG, debe ser el presidente de la república en tanto comandante general del Ejército y titular del Alto Mando. De igual forma incumple el artículo 23 al no apegarse a lo que la LAIP define como información reservada. Y, en atención al principio de máxima publicidad y prueba de daño, la medida del Mindef no logra sustentar que es mayor el daño de publicar que el clasificar la información. Esto porque no especifica qué información será reservada y practicamente deja a criterio de quien maneja la información qué entiende por «componentes militares estratégicos que integran el ejército de Guatemala».
Conforme avanza el cerco de la restauración autoritaria y dictatorial, de igual forma se cierran espacios significativos de derechos, libertades y garantías que el texto constitucional vigente protege. La palabra, tanto la que expresa el pensamiento, como la que contiene información publicada o que debe ser pública, sufre el secuestro de la banda criminal que tomó por asalto la democracia en Guatemala.
De allí que acompañar a Nanci y Dulce, además de un acto de solidaridad es también una acción de defensa de nuestros derechos. Como también lo es la solidaridad con ElPeriódico, José Rubén Zamora y el equipo que le dio vida. De la misma forma, también es necesario reclamar el acceso a la información que permita saber en qué gasta el Mindef el extremadamente inflado presupuesto que se le asigna para el cumplimiento de una misión que, con la presencia del narcotráfico en sus filas, dista mucho de cumplir.
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