Por informaciones de la prensa departamental hemos sabido, por ejemplo, que soldados y oficiales de las distintas bases militares han visitado escuelas para dar continuidad al programa de charlas que, iniciadas durante la gestión de Pérez Molina, supuestamente están dedicadas a informar a los estudiantes sobre educación sexual. No es el Ejército la institución idónea para estas charlas, y ello ha quedado más que demostrado con la manera irresponsable y liviana con la que han tratado la violación de la que recientemente fue objeto una estudiante del Adolfo V. Hall de Retalhuleu. Si la institución armada no es el mejor instrumento para hablar de seguridad a los estudiantes, mucho menos lo es para informar y formar sobre comportamientos sexuales. Si la anterior ministra aplaudía con entusiasmo tales charlas, el actual ministro ni siquiera se ha manifestado, como tampoco lo ha hecho ante el execrable crimen del que fue objeto, ante sus propios alumnos, el maestro Arrecis.
Las extorsiones campean por todos lados y hacen más que evidente la inutilidad de la militarización de las calles. Los extorsionadores de todas las pelambres y de todos los niveles actúan campantes, aterrorizando y asesinando a diestra y siniestra, a pesar de la ostentosa presencia de grupos militares. Los atentados a pequeños negocios y a transportistas se han hecho más violentos, en una evidente campaña por desestabilizar al desde sus primeros días aislado ministro de Gobernación. Los ataques bien pueden provenir de los grupos delincuenciales protegidos y hasta estimulados en los centros penitenciarios, como también pueden ser, en complicidad con estos, orquestados desde aquellos grupúsculos acostumbrados al terrorismo de Estado, por ahora supuestamente aún al margen del aparato de gobierno.
Evidentemente es en los temas de seguridad en los cuales el militarismo quiere mantener su presencia, pues es en estos donde, ampliados sus recursos, su manejo oscuro y personalista abre las puertas a la fácil apropiación ilícita. Si en el Congreso de la República el manejo de los recursos era hasta hace algunos semanas desconocido por la población, la forma como los altos oficiales administran los recursos públicos asignados es totalmente desconocida. No se saben las tablas salariales, mucho menos lo que se gasta en combustible y alimentación y lo invertido en armas, municiones, equipo y construcción y reparación de instalaciones. Bajo el supuesto de la seguridad, la información es inexistente, con lo cual la corrupción en el interior de las fuerzas armadas es más que obvia.
El corrupto gobierno de Pérez Molina impidió toda transparencia, y el actual, aunque hace públicas declaratorias de combate a la corrupción, no solo no anuncia una sola acción para que esta se evidencie, sino que mantiene el oscuro manejo de los fondos públicos en el Ejército.
Y si poner a los soldados a reparar caminos fue un anuncio que, como muchos, no ha cobrado forma, con la mayor improvisación se nos anuncia que oficiales del Ejército han donado parte de sus ingresos y pagado a Industria Militar —un holding administrado en beneficio de un sector de la alta oficialidad— para que esta elabore un par de millares de pupitres. El presidente se divierte con su ocurrencia y enfrenta a soldados con maestros, pidiendo a estos que también aporten para la compra de pupitres. No hay, que sepamos, un inventario de necesidades que nos diga con justeza dónde y qué tipo de mobiliario es el que se necesita, pero, como la demagogia presidencial y militar no tiene límites, salir a entregar escritorios con la marca Ejército de Guatemala en el espaldar les resulta entretenido y embaucan de ese modo a la ingenua población que los recibe.
Pero las grandes contradicciones de la supuesta acción de beneficencia de los oficiales son evidentes. Si los muebles fueron obsequiados por oficiales a título personal, lo primero a saber es quiénes y cuánto dieron. Lo segundo, y tal vez lo más importante, es saber quién contrató a Industria Militar y cómo para elaborarlos. Hubo que pagar los impuestos respectivos, así como verificar si la calidad y el costo de los pupitres son los mejores del mercado. Parece extraño que, a una semana de la ocurrente idea del presidente, los talleres militares tuviesen ya listos centenares de pupitres y hubiesen realizado ya cotización y compra de materiales casi que a la velocidad de la luz.
La permanente tendencia a ocultar información de parte del presidente infunde sospechas, pues todo parece indicar que este es el primer negocio de los actuales administradores de Industria Militar para apropiarse de recursos públicos, tal y como lo hicieron en los tiempos de Pérez Molina.
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