Libertad para Nanci y Dulce

El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras cierra los ojos ante el crimen. En varios procesos en los que es obvia la responsabilidad de criminales corruptos, guarda silencio. No apela resoluciones favorables a criminales, calla y, como dicen las abuelas, quien calla, otorga. Sin embargo, cuando la persona sindicada es defensora de derechos humanos, el MP no solo habla, corre, presiona y miente.

Así se ha comportado el ente responsable de hacer cumplir la ley. Laxo con los criminales, violador con las personas inocentes. En noviembre de 2020 una manifestación masiva contra la corrupción, fue brutalmente reprimida. El gobierno de Alejandro Giammattei hizo gala de su raigambre autoritaria y ordenó derramar la sangre del pueblo que protestaba.

De la violenta acción policial, tres jóvenes perdieron un ojo por disparos de la policía, más de 40 personas fueron detenidas ilegalmente y varios periodistas fueron agredidos e impedidos de cumplir su labor. Pese a ello, las cámaras captaron la forma violenta y brutal con la que la Policía Nacional Civil (PNC) vapuleó a la defensora Nanci Sinto quien fue agredida por agentes policiales.

Meses después, el MP sindicó a Juan Francisco Monrroy Gómez, Nancy  Sinto y Dulce Archila, de haber dañado el patrimonio nacional por supuestamente haber hecho pintas en el edificio del palacio legislativo. En el proceso, el MP fue incapaz de evidenciar más allá de toda duda, la participación de las personas acusadas. De tal suerte que la jueza que conoció en primera instancia resolvió que no había lugar para abrir proceso y desligó a las personas acusadas en junio de 2021.

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No obstante, en un acto más de venganza, el MP apeló la resolución y, finalmente en la apelación la sala que conoció el caso ordenó reapertura del mismo. La nueva jueza que conoce del proceso resuelve contra toda evidencia, enviar a juicio a Nanci Sinto y a Dulce Archila. Pero no solo ordena abrir un juicio pese a la falta de pruebas de la acusación sino además, violando todo el andamiaje jurídico, impide la presentación de pruebas de descargo y los peritajes del sentido del ejercicio de derechos, basados en convenios internacionales.

En cambio, los policías que agredieron a las personas manifestantes, en especial a Nanci Sinto, continúan en impunidad, como los demás criminales a los que el MP sigue favoreciendo. Es por ello que, en momentos en los que el brazo de la ley se utiliza para golpear el ejercicio de derechos, es indispensable que la sociedad se manifieste solidaria con quienes ahora son criminalizadas.

Nanci y Dulce, nuevamente ligadas a proceso por el simple hecho de manifestarse contra la corrupción que sigue costando vidas son inocentes. No han dañado un edificio que hoy por hoy reúne a lo más nefasto de la clase política. No han provocado la destrucción de espacio alguno. Ellas han ejercido su derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión, que están garantizados en la Constitución Política y en los convenios de derechos humanos suscritos por Guatemala.

Aunque el crimen domina en los tres organismos del Estado y el MP se ha convertido en su cancerbero, el sistema de justicia debe ser rescatado para el retorno a la democracia que se encuentra secuestrada. Esto solo será posible con procesos sostenidos de organización, articulación y movilización. Nuestras voces deben ser escuchadas y nuestras defensoras deben recuperar su libertad.