En los 12 años que la Cicig, cuya misión concluye este 3 de septiembre, ha operado en el país, muchos logros se han tenido en todos los campos de su mandato. En sus inicios, a partir del diseño de sus métodos y procedimientos de trabajo, el personal de la comisión avanzó en la identificación de las reformas necesarias para poder generar los mecanismos y las capacidades que hicieran posible cumplir con su tarea.
De esa cuenta, los cambios en normativas legales permitieron la creación de la Unidad de Métodos Especiales (UME) en el Ministerio Público (MP), que ha resultado vital en la investigación de actividades ilícitas. Con los cambios legales, el empleo de prueba científica por medio de análisis criminales y de redes dio lugar a la formulación de acusaciones contra redes de la magnitud de las que se han coludido para secuestrar el Estado guatemalteco, acción que ha resquebrajado la institucionalidad y ha pervertido la función pública.
Esta última fase se vio particularmente consolidada a partir de 2015, cuando el hilo empezó a ser jalado desde el caso llamado La Línea, que fue devanando la madeja hasta llegar a los casos de financiamiento electoral ilícito. Es decir, se analizaron desde los pasos de los políticos que usan el poder para negociar con los recursos públicos hasta los de los empresarios que se benefician de esta práctica, la cual aseguran mediante financiamiento electoral.
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Y en este último punto se unieron dos circunstancias. Por un lado, el descubrimiento de que el hijo y el hermano del actual presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales, aparecían involucrados, antes de que este asumiera el gobierno, en negocios que tenían como botín los fondos públicos. Por otro, la confirmación de que la más rancia oligarquía había financiado ilegalmente al partido en el poder. Confirmación que llevó a un grupo de los cabales a pedir perdón públicamente por los delitos cometidos en contra de la sociedad.
La coincidencia de ambos elementos fue uno —pero no el único— de los factores que derivaron en la colusión de grupos empresariales, políticos, militares y fundamentalistas neopentecostales (nacionales y extranjeros) para conspirar y dar por concluida la misión de la Cicig. De ahí que, en lugar de tener un proceso normal de cierre, este sea más bien abrupto y se enfrente a las formas rudas y ordinarias instaladas en la Cancillería y el Gobierno.
Sin embargo, y pese a la pretensión de instalar como narrativa la falta de resultados del trabajo de 12 años, la realidad es muy distinta. En lo tangible, la Cicig impulsó reformas esenciales en la normativa y la metodología de trabajo del sistema de persecución penal, así como de la organización de tribunales, que permitieron la actuación de jueces profesionales e independientes. El saldo de este esfuerzo es la generación de la conciencia social de que es posible un ejercicio profesional, sólido e independiente de la promoción, administración e impartición de justicia.
Con ello vino el crecimiento de una conciencia social que, como bien dijo el comisionado Iván Velásquez Gómez en su conferencia de clausura, no puede ser comprada. Así, durante algún tiempo corto es posible que los hacedores de corrupción, los señores de Xibalbá, puedan sentir que han ganado y retornado el control de los destinos de Guatemala. Puede ser que logren pagar para comprar resoluciones, sentencias, jueces o fiscales. Pero ni todo el dinero del mundo acumulado por la voracidad que los caracteriza mediante la corrupción y los privilegios los hará dueños de la disposición popular de ser y ejercer ciudadanía. Desde ya, a todo el personal nacional e internacional de la Cicig, muchas gracias por todo su legado, que aceptamos y nos comprometemos a conservar, proteger y acrecentar.
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