Naturaleza colonizada (4)

La Colonialidad, se impone desde 1524, entendida como la lógica cultural del colonialismo (Mignolo, 2005) y supone una forma de experiencia del colonialismo, afianzado en las armas, la violencia y el cristianismo que sustentan la supuesta legalidad de expropiar y explotar lo ajeno.

La justificación religiosa del mal uso de la naturaleza, nace desde el Génesis que sostiene que Dios nos hizo a los humanos a su imagen y semejanza, dotándonos de «dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en el suelo. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla».

Como consecuencia, el uso continuo e indebido de la naturaleza, tiene sus raíces en tres ideas arraigadas y relacionadas entre sí: la primera, el antropocentrismo, la difundida creencia humana de que nosotros estamos separados del resto de mundo natural y somos superiores a él. Nos vemos como el pináculo de la evolución. La segunda, que la naturaleza constituye nuestra propiedad y tenemos el derecho de usar como mejor nos parezca. La tercera idea es que podemos y debemos perseguir un crecimiento económico sin límites como el principal objetivo de la sociedad moderna. 

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El crecimiento económico se impone sobre las preocupaciones ambientales, generando pobreza y desigualdad entre las elites económicas y el grueso de la población, quien está expuesta a la carencia de sustentos de vida como alimentos y, dentro de ello, el agua, elemento fundamental para la vida.

Un informe sobre el agua en el país,[2] calcula que «en el 2015, se disponía de 95 mil millones de metros cúbicos de agua. El 77% del total de agua que se produce en el país se encuentra disponible como escorrentía superficial. Guatemala se considera un país “exportador de agua”, ya que este volumen de agua drena a los países vecinos o directamente a los océanos. Dado lo anterior, se considera que las aguas subterráneas son la única forma de almacenamiento de agua en el país». Y por lo tanto un recurso escaso: según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, en Guatemala el 24% de la población no está conectada a una red de distribución de agua y los que sí lo están disponen de agua por ratos y sin tratamiento previo. 

Este drama se acrecienta en las ciudades por el aumento poblacional y poblados pequeños donde los ríos son desviados por la oligarquía agricultora para los cultivos y producción de exportación –como la palma africana–, minería, ganadería, bebidas y otros que son base del proceso de acumulación excesiva por parte de la minoría económica, en perjuicio de la producción de granos básicos.

La colonización de la naturaleza se ha legalizado a favor de quienes emiten y disfrutan los beneficios de las leyes. Por ejemplo, la ley de aguas es un punto de conflicto para los grandes empresarios porque si se regula en beneficio del bien común y pagando lo justo por la disposición de dicho recurso, protegiendo los derechos comunitarios, verían afectada su tasa de ganancia. Por el momento disfrutan del agua sin que aporten al Estado por ello.

En otros países se privilegia el derecho de la mayoría de población protegiendo y regulando el uso sostenible de lo extraído a la madre naturaleza. «En Ecuador se han enmendado más de 75 leyes y reglamentos para incorporar los derechos de la naturaleza y al menos una docena de casos judiciales se han ocupado de esos derechos. En dos fallos separados, los tribunales ecuatorianos declararon que la minería violaba los derechos de la naturaleza»[3].

En Guatemala, los gobiernos son entreguistas de territorios, recursos naturales, bienes y servicios, privilegios fiscales, protegiendo monopolios.  La única forma de descolonizar la naturaleza y garantizar la vida, el respeto y uso razonable de la naturaleza es que los gobiernos que lleguen a ejercer el poder representen los intereses de la población, y no como ahora, donde la corrupción y los intereses corporativos determinan el modelo económico cuya misión es el despojo. [4]