Con la instalación del gabinete en enero de 2012 se hizo visible la estructura del pacto que dividía el control del poder. Ministerios y secretarías se repartieron entre los intereses oligárquicos (Educación, Economía, Comunicaciones, Energía y Minas y Comisión de Competitividad) y los militares de la contrainsurgencia (Gobernación, secretarías de Inteligencia del Estado y de Seguridad de la Presidencia, Consejo Nacional de Seguridad y Secretaría Privada).
Con el paso del tiempo, la relación se tornó incómoda. La vicepresidenta Roxana Baldetti Elías no encajaba en el imaginario del poder económico. De ahí la tolerancia a los constantes señalamientos en medios de comunicación, los cuales daban cuenta cotidiana de sus prácticas de saqueo. Al mismo tiempo presentaban a un mandatario que al parecer hacía de bisagra entre la segunda y el entorno económico.
Sin embargo, el destape del escándalo por el caso La Línea, que en mayo pasó la primera factura a Baldetti y la obligó a renunciar al cargo, marcó distancias entre Pérez Molina y su alianza económica. Pero esta distancia no llegó a más durante varios meses. No obstante, la captura de la exvicemandataria y su posterior vinculación a proceso penal, así como la innegable participación de Pérez Molina en la restructura criminal, marcaron un momento más del quiebre, que llegó con el reclamo al gobernante expresado por la unidad organizativa del empresariado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
El creciente y masivo movimiento social de reclamo de renuncia al gobernante, aunado al discurso de guerra presentado por Pérez Molina el domingo 23, el cual contenía la amenaza al poder económico, impulsa un nuevo zurcido en el pacto. Arrinconado en la esquina del desprecio ciudadano, Otto Pérez Molina vuelve a recibir un salvavidas del empresariado, que a su vez se beneficia del uso de la fuerza pública para reprimir la legítima demanda social de renuncia.
Se mascan, pero no se tragan, dirían las abuelitas. Es decir, uno y otro se necesitan y buscan apoyo a fin de evitar que la oleada social avance más allá de lo que el pacto de impunidad quiera permitirle. Eso puede explicar, por ejemplo, que retornen al Ejecutivo, en calidad de ministros temporales, servidores orgánicos de la oligarquía. Entre ellos, Ricardo Sagastume y Acisclo Valladares, ambos personeros de la gremial de telefonía celular.
Al remendar el pacto por enésima vez unen esfuerzos en aras de burlar a la sociedad. Otto Pérez tiene un respiro temporal en su pleito con el empresariado. Este, el empresariado, vuelve a subirse al pacto y a tener un pie dentro del Gobierno, por muy debilitado que este se encuentre.
Los dos se benefician a costa de convenir en la cancelación de las aspiraciones de cambio que mueven a la sociedad. Los dos ven con terror el avance y el desarrollo político del espacio organizativo del movimiento social que reclama mucho más que una renuncia. Los dos se equivocan en su torpe visión cortoplacista. La ola crece y busca llegar al fondo de la transformación. El reclamo de justicia va más allá de que la exvicemandataria vaya a juicio o de que Pérez pierda finalmente la inmunidad. La demanda ciudadana apuesta por el único pacto real y necesario: el pacto social que ponga fin a la exclusión y a la impunidad.
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