¿Por qué no echamos fuera a los corruptos?

El Faro, por ejemplo, no solo toma en cuenta el testimonio del testigo A, bajo custodia de la jueza Erika Aifán, sino de otra fuente perteneciente al círculo de confianza de la campaña electoral de Giammatei. En resumen, lo que presenta son testimonios de delitos asociados a financiamiento ilícito, sobornos y corrupción por cifras millonarias. 

Evidentemente una acusación no es un hecho probado, pero de ser cierta implicaría la destitución y cárcel para los acusados. Sin embargo, la perversidad del sistema radica en que no es posible contar con que el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Congreso de la República que, entre sus atribuciones tienen la persecución judicial, juzgar delitos y decidir sobre antejucios, actúen de manera independiente y de acuerdo a la legalidad existente. En otras palabras, son coyotes de la misma loma.

La historia de corrupción e impunidad nos es conocida. Funcionó en los gobiernos militares y luego con los gobiernos del llamado «retorno a la democracia». Aunque hay que reconocer que los niveles de descaro son mayores. 

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Este es el problema que la CICIG estaba trabajosamente desmontando. Pero como ya no existe la CICIG y se corrompió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, entonces tenemos que todo el sistema se mantiene, medra y reproduce a través de una lógica mafiosa. No es parte accidental, sino estructural del sistema político del país.

Además, han cambiado otras cosas. El apoyo del gobierno de Estados Unidos y de otros países hacia la lucha contra la corrupción ya no continuó. El apoyo que también prestaron las élites y los empresarios  al inicio de la crisis de 2015, se revirtió al verse involucrados en la corrupción y terminaron por oponerse frontalmente. La oposición política es minoritaria y como sociedad no estamos organizados ni tenemos un proyecto alterno.

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Hay algunos jueces independientes, algunos diputados honestos y también funcionarios que trabajan bien. Pero se ha dicho hasta la saciedad que las reglas del juego que inician desde la elección a cargos públicos, están trucadas. ¿Qué salidas legales tenemos? ¿Esperamos a las próximas elecciones que se inscriben dentro de las mismas reglas del juego político?

Sin proyecto y sin organización es muy difícil cambiar las cosas. Visto bajo esta perspectiva, ¿tienen sentido las protestas que se han organizado en distintos momentos desde 2015? Creo que sí. Además de expresar de forma legítima el descontento hacia las acciones de los gobernantes, también han sido, hasta cierto punto, un freno. Por ejemplo, lograron la detención del paquete de disminución de penas con la que se inaugura el pacto de corruptos en 2017 y frenaron el presupuesto que disminuía los fondos destinados a combatir la desnutrición y elevar el que se otorgaba al congreso en 2020. Creo que, de hecho, se puede inscribir en una especie de «economía moral» en la que se impiden los desmanes más escandalosos.

Pero como ya sabemos, esto no es suficiente. ¿Qué hacer? ¿Por qué no sacamos a los corruptos?