La crisis institucional que golpeó duramente a la SAT luego del escándalo de corrupción del caso La Línea no se va a resolver solamente con una reforma a la Ley Orgánica de la institución. Sin embargo, una buena reforma legislativa es un paso necesario e importante, aunque insuficiente.
Con el dictamen favorable de la CFPM a la iniciativa de ley número de registro 5056, la reforma a la Losat tiene vía libre para el que el Congreso decida aprobarla o no. La aprobación requiere por lo menos 105 votos de los 158 escaños, lo cual supone un desafío político para el esfuerzo por la recuperación de la SAT.
Pero ¿cuál es el contenido de este dictamen sobre el cual el Congreso debe decidir?
El dictamen tiene como objetivo fortalecer las normas de probidad y responsabilidad de los funcionarios de la SAT y de transparencia institucional, así como cambiar el modelo de gobernanza de la institución. Las nuevas normas de transparencia son abundantes. Entre ellas destacan a) publicidad de documentos y estudios, de las metas de recaudación tributaria y de facilitación del cumplimiento voluntario y del combate de la evasión y la defraudación aduanera; b) en transparencia tributaria, acceso de la SAT a la información bancaria de los contribuyentes mediante autorización de juez competente y exclusivamente para fines de control y fiscalización del pago de impuestos, respetando la garantía de confidencialidad de esta información establecida en la Constitución Política de la República; c) la creación de dependencias responsables de investigaciones internas y del aseguramiento y resguardo de información confidencial; d) sujeción de los miembros del Directorio y del nuevo Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, así como del superintendente y de los intendentes, a normas estrictas de responsabilidad y probidad, incluyendo una declaración patrimonial complementaria a la existente y una declaración de ausencia de conflicto de interés, cuya publicación sería obligatoria.
El dictamen incluye una modificación al Código Tributario para establecer las normas generales que garanticen los derechos de los contribuyentes y precisen las obligaciones de estos. Con relación al modelo de gobernanza institucional, el dictamen mantiene el Directorio, ahora presidido por el ministro de Finanzas Públicas, al que se suman dos miembros que no serían parte del gabinete de Gobierno, pero todos sujetos a las normas de probidad y responsabilidad que se aplican a los funcionarios y empleados de la SAT, lo cual corregiría la falta de responsabilidad y rendición de cuentas que desde la creación de la SAT en 1998 ha demostrado el Directorio de la SAT en su configuración actual, una de las principales deficiencias de la entidad.
Estas reformas apoyarían el esfuerzo de las autoridades actuales por recuperar la institución, de modo que se avanzaría en materia de transparencia, de rendición de cuentas y responsabilidad de los funcionarios y empleados de la SAT, de mejoras al modelo de gobernanza de la institución y, de manera notable, de regulación del secreto bancario. Además, las investigaciones recientes de la Cicig y el MP evidencian la necesidad de esta normativa.
Sin embargo, ¿se lograrán los 105 votos requeridos o prevalecerán los intereses de algunos diputados corruptos o con negocios turbios? En un tema tan impopular como pagar impuestos, ¿podrá imponerse el sentido de responsabilidad democrática en el marco de un contrato social o prevalecerá el interés de algunos por continuar evadiendo impuestos al rechazar medidas como la regulación del secreto bancario?
Iniciar el proceso para desbaratar la red criminal de corrupción y defraudación aduanera en la SAT fue un éxito rotundo. Ahora toca ver si podemos tener éxito también en recuperar esa institución, clave para toda democracia funcional.
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