Entre enero de 2018 y junio de 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó 24,441 peritajes de violencia sexual a niñas menores de 14 años. En el mismo período (enero de 2018 a diciembre 2024) el Registro Nacional de Personas (RENAP) de Guatemala registró 14,696 nacimientos cuyas madres fueron niñas de esas edades. Tal como está estipulado en el marco legal nacional esos embarazos son resultado de una violación sexual, tipificada como delito en el código penal del país. Sin embargo, en casi la misma temporalidad (de enero 2018 a junio 2023), según las estadísticas oficiales del Ministerio Público, solo 102 personas fueron condenadas por violencia sexual contra niñas menores de 14 años embarazadas y 6,697 casos fueron desestimados.
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La información que les comparto fue recientemente presentada en Guatemala por Human Rights Watch (HRW) con el apoyo de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) y el movimiento Son Niñas, No Madres. En este se detalla que el Estado no ha logrado prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica ni los embarazos forzados resultantes en niñas menores de 14 años. Tampoco ha producido estadísticas consistentes entre las distintas entidades gubernamentales, ni evitado que las niñas que han sufrido violencia sexual sean excluidas del sistema educativo y que puedan obtener atención médica, así como acceso a la justicia.
Mientras tanto, las niñas siguen enfrentando una situación que no pidieron y todas las consecuencias que acarrea para su vida. Sin duda, enfrentar un embarazo a los 14 años o menos implica un cambio drástico en la vida de la joven, compromete su futuro inmediato y, a largo plazo, a interrumpir o retrasar su educación. Sin dejar atrás, y el desafío de asumir, sin redes de apoyo ni políticas públicas que la respalden, la crianza de un hijo o hija a esa edad. Este efecto negativo se constata también en sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral, ya que con escasa formación académica tendrán pocas o nulas posibilidades de ingresar al mercado formal de trabajo.
Con todo esto se socava su autonomía social y económica, y se reproduce la situación de pobreza. Si ya viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema al momento de quedar embarazadas, con el nacimiento del hijo o hija se reproduce el ciclo y se agudizan los problemas. En términos de los efectos en la salud, la falta de acceso a servicios y atención oportuna prenatal puede concluir en casos de muerte materna o neonatal.
Para comenzar a enfrentar este problema de enormes dimensiones hay que hablar de la pobreza, la violación a sus derechos humanos, la falta de acceso a servicios, las distintas formas de violencia que enfrentan, las relaciones de género, los patrones de socialización y la ineficacia del Estado. Y aunque a los sectores conservadores no les guste es necesario seguir hablando de educación integral en sexualidad.
El estudio de HRW concluye que «la falta de medidas adecuadas por parte del gobierno para prevenir y abordar la violencia sexual y los embarazos de niñas en Guatemala constituye una violación de múltiples derechos humanos. Sin reformas significativas, —que, por ejemplo, prioricen este tema, aumenten los recursos de los programas de acompañamiento existentes y del sistema de salud y reduzcan las barreras para acceder a ellos, estableciendo servicios especializados, fortaleciendo la aplicación de leyes vigentes y aplicando políticas más inclusivas— las niñas seguirán enfrentando barreras insuperables para ejercer sus derechos». Y enfatiza «el gobierno debe tomar medidas urgentes para garantizar que las niñas afectadas tengan acceso a servicios de salud, educación, ingresos y seguridad social, así como a las protecciones legales a las que tienen derecho, con el fin de recuperar y reconstruir sus vidas».
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