En 2011, Plaza Pública divulgó un artículo titulado «La caja chica del Ejército», refiriéndose al IPM como un recinto inexpugnable. Los dolores de cabeza e indicios de fraudes no han parado, y hoy de nuevo la Contraloría General de Cuentas acciona en contra del IPM, incluso con denuncias penales. Hasta el momento la Junta Directiva hace mutis en tiempos cuando los diputados discuten aumentar las malas pensiones de los burócratas públicos que han dejado su vida en otros recintos no tan privilegiados.
El artículo citado de Plaza Pública del 2011 daba cuenta de un Wikileaks divulgado por la Embajada de los Estados Unidos, referente a un fondo oscuro destinado a inversiones inmobiliarias en Miami desde el año 2003. Las revelaciones de la embajada revelaban sobre la posibilidad que altos militares hayan lavado dinero de forma más extensa, a través del IPM y del conglomerado de empresas hacia donde se destinan los ahorros de los pensionados. ¡Lástima grande que en el medio ni siquiera se piense en la necesaria presencia de una Superintendencia de Pensiones, que regule todas estas malas prácticas mercantiles!
Lo que acontece en el IPM es magistralmente revelado en el libro del coronel Rubio Castañeda titulado «Desde el cuartel: Otra visión de Guatemala». El mismo comenta la crisis sempiterna del IPM a propósito de la capitalización de sociedades anónimas que prestan servicios diversos –y en las que participan como accionistas militares en activo y retiro– en una repartición muy desigual de dividendos y propiedad accionaria de tales empresas.
Esta lógica de licuar fondos públicos, puramente estatales, o fondos colectivos, como los de las cooperativas, resulta ser una práctica de privatización de esfuerzos de muchos, en beneficio de unos pocos. Es común observar incluso cooperativas del país que tienen privatizados centros de acopio o de comercialización exportable, y que las sociedades anónimas de la cúspide de la cadena productiva enriquecen a unos pocos a costa del esfuerzo de muchos debajo de la pirámide. Es una práctica que las débiles agencias reguladoras del medio no previenen. En el caso de las pensiones porque no existe la regulación adecuada de lo que los expertos denominan como «Mercado de capitales e inversionistas institucionales». En el caso de las cooperativas, sencillamente porque la vetusta Inspección General de Cooperativas no tiene dientes y se encuentra en el olvido.
Rubio Castañeda es claro en denunciar la corrupción de principios de siglo en el IPM invirtiendo el dinero de los afiliados en el denominado Pension Fund of America (PFA), cayendo el mismo en quiebras derivadas de una de las tantas crisis financieras en las que han caído los entornos bursátiles internacionales.
Se ha hablado en diversos conciliábulos de que los intermediarios que persuadieron al IPM de tal inversión, lo hicieron con jugosos pagos bajo la mesa. Eran tiempos de un Ministerio Público a todas luces folclórico dirigido por Carlos de León Argueta, quien se hizo de la vista gorda para enfrentar este entuerto.
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La denuncia reciente de la Contraloría ilustra la continuidad de estos entuertos. Un interesante editorial del diario Prensa Libre lo titula «Impune perdición millonaria» y se refiere a la denuncia presentada al Ministerio Público por posibles manejos indebidos de cerca de 160 millones de quetzales en activos y créditos. El editorial destaca, además, las continuas ampliaciones presupuestarias que en el pasado ha debido efectuar el fisco para estar prestando salvavidas a ese importante instituto de la seguridad social militar del medio.
Los hallazgos, según el editorial, se refieren a: préstamos no cobrados, funcionamiento de empresas vinculadas que no reportan utilidad alguna, presencia de inmuebles supuestamente destinados a alquiler, pero que se encuentran en desuso, concesiones de usufructo manejadas por empresas particulares sin que declaren ingresos por tal trato.
Fuera del terreno de lo militar, pareciera ser que esta es una práctica que es extensiva al cooperativismo, como ya lo afirmamos, y a otros ambientes como lo es el caso de Ferrocarriles de Guatemala, que es una entidad descentralizada que tiene adentro una Sociedad Anónima que hace los cobros de cientos de propiedades y mantiene el dominio y decisiones sobre los bienes, sin que nadie diga ni pío.
Pareciera ser que en estos nuevos aires de modernización del Estado, una nueva probidad y ética es exigida por sobre todas las cosas, y una mejor y más honesta comprensión de los asuntos del interés público, que no pueden ser manejados, ni dominados, por los del interés privado, porque ello deriva en privilegios taxativamente prohibidos por nuestra Constitución Política.
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