Y con este, la consecuente pérdida de calidad de vida de las personas. Las casi tres millones de gentes que habitan la ciudad y la zona metropolitana son las principalmente afectadas por este fenómeno. Guatemala y el área metropolitana se ha convertido en un territorio caracterizado por las más ineficientes condiciones para vivir en ella.
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El inventario de falencias empieza por el déficit habitacional, que, evidentemente, no lo resuelven las autorizaciones masivas de construcción vertical que saturan la ciudad. Un texto del ingeniero Luis Stolz indica que entre el 2000 y 2018 se habían construido 311 edificios. Un dato que representa el 48 % de los construidos en 50 años del siglo XX. Stolz estimaba que en los siguientes siete años habría 154 edificios más. Una estimación que podría quedar corta si se revisan las torres que se alzan en diversos puntos de la ciudad sin que, en el fondo, resuelvan la falta de vivienda digna.
De hecho son una sobrecarga a los miserables servicios urbanos que están a cargo de las autoridades de la municipalidad de Guatemala. Entidad que ha estado por cuarenta años en manos del clan fundado por el ya fallecido Álvaro Arzú y detentado por su parentela, incluido el actual jefe edil, Ricardo Quiñónez.
El transporte urbano colectivo es una tarea incumplida de las autoridades municipales. La población de la ciudad carece de ese servicio y debe suplirlo mediante la adquisición de vehículos, especialmente motocicletas que abundan como moscas. Esto, sumado al aumento de vehículos pues se calcula que diariamente circulan 1.2 millones de automóviles en unas vías que han superado en 200 por ciento su capacidad, lo que explica el fenómeno del tráfico y su saturación.
La ciudad también puede quejarse porque el abastecimiento de agua para el consumo, que es responsabilidad de la alcaldía, es más que ineficiente. Guatemala padece de sed y al alcalde le importa un pepino. Como también le importa nada el manejo de los desechos sólidos de la urbe más grande del país. A tal grado que una lluvia fuerte en zonas aledañas al basurero de la zona tres, perfuma con efluvios malolientes todo el entorno capitalino. Amén de que el manejo de estos es coto de caza para una estructura que, como la de las mafias del transporte, sigue protegida por las autoridades.
Al parecer, más que atender las quejas, ya no digamos las necesidades, de la ciudad, el alcalde Quiñónez y su banda, usan el poder del cabildo para jugar a la conspiración. De ser ciertas las denuncias publicadas este Domingo en ElPelex, al parecer en el sótano del palacio de La Loba, varios actores «...se coordinan para hacer insufrible la vida a la gente boicoteando las rutas más transitadas en los horarios pico».
De tal suerte que, o se organiza la sociedad para exigir respuestas efectivas de la municipalidad, o la familia que ha reinado a costa del erario y parasitado durante cuatro décadas seguirá chupando la poca vida que nos queda.
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