La Constitución y los estándares internacionales ordenan que los sistemas tributarios deben ser justos y equitativos, y con ello, debe prevalecer el principio de la equidad tributaria horizontal, es decir, que dos contribuyentes en condiciones similares, deben pagar los mismos impuestos. El régimen que beneficia al sector ganadero con un tratamiento tributario privilegiado aprobado en la Ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario, Decreto 31-2024, coloquialmente conocida como la -segunda- ley ganadera, viola de manera directa y flagrante estos principios.
Desde su presentación en marzo de 2024 como la iniciativa de ley número de registro 6351, varias voces se alzaron advirtiendo los daños fiscales que provocaría su aprobación. Estos efectos nocivos van mucho más allá de los principios de equidad tributaria, toda vez ese adefesio legislativo altera significativamente varios componentes del sistema tributario, los cuales, en su momento, no fueron debidamente analizados.
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La «sorpresita» más reciente de esta barrabasada legislativa nos la han hecho saber las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc). Resulta que en el artículo 13 de la ley ganadera se alteró la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que dispone que las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) no cobren ese impuesto en las compras que realicen vinculadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y que el Mineduc debe retener el impuesto cuando transfiera los recursos a las OPF, norma que superficialmente aparenta ser beneficiosa.
Pero, técnica y correctamente, las autoridades del Mineduc advierten que el efecto real de esta norma es una reducción de Q336.8 millones en el PAE, ya que el mecanismo que fue aprobado está mal diseñado y su aplicación está resultando dañina. Esto demuestra que, ese decir popular de que «el papel aguanta con todo», que prácticamente se ha vuelto un teorema sofista, en realidad es una tremenda irresponsabilidad. Tal como se advirtió, desde abril de 2024, esa norma no fue discutida con el debido rigor técnico y se ignoraron las advertencias de los efectos fiscales dañinos que ya está produciendo.
El hecho de que las leyes no son un juguete parece no haber manera de que lo entiendan quienes propusieron esta ley y otras, y que, con descaro, continúan celebrándola como el gran logro de sus carreras políticas.Y, las leyes tributarias, en extremo delicadas, tampoco son moneda de cambio y pago para las negociaciones políticas.
Esto porque esta ley fue impulsada, apoyada y avalada por el Superintendente de Administración Tributaria anterior, quien la negoció directamente con diputados, con lo que se extralimitó en sus funciones. Y también fue apoyada y avalada por la bancada oficial, toda vez fue aprobada con 119 votos, mayoría calificada, y por el Ejecutivo actual, el cual, en vez de denunciarla y evitar su aprobación, la terminó apoyando. Pero, demasiado tarde, ahora la realidad operativa demuestra lo que se advirtió hace año y medio: de los Q6.00 que la ley dice que la niñez de preprimaria y primaria debe recibir para sus alimentos, recibirán solo Q5.36, mientras que, para la juventud del nivel medio, de los Q4.00 que dice la ley, recibirá solo Q3.57.
Simplemente criminal. Demasiado oneroso e inaceptable como el costo social para privilegiar fiscalmente al sector ganadero y que políticos novatos aprendan a negociar en el Congreso.
Hoy, la ministra de Educación intenta hacer lo correcto, pidiendo al Congreso que la derogue. Poco probable, toda vez, aunque su despacho no diseñó la medida, su propio gobierno la apoyó a cambio de supuestos réditos políticos, que tampoco obtuvieron.
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