Las 56 adolescentes estaban bajo el resguardo del Estado en un hogar temporal a donde fueron enviadas por órdenes judiciales. No se trataba de adolescentes en conflicto con la ley, sino de niñas cuya tutela estaba en disputa o habían escapado de sus hogares. El Estado, lejos de protegerlas, se convirtió en su verdugo. El sistema que debió funcionar para proteger a la niñez y la adolescencia en condiciones de vulnerabilidad se convirtió en su ejecutor.
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Durante años las niñas y niños de diversos hogares, en particular el del hecho sangriento, denunciaron abusos que sufrían a manos de quienes debían cuidarles. Estructuras de trata de personas, supuestamente vinculadas a la presidencia de la república, en ese entonces en manos de Jimmy Morales, hacían uso de las niñas. Prácticas de tortura física extrema, violencia sexual y psicológica son algunas de las historias que narraron y por las que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) requirió medidas caultelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante los 8 años transcurridos desde la tragedia, el juicio contra las personas acusadas fue suspendido en varias ocasiones por maniobras de litigio malicioso. Fue hasta hace año y medio que el caso se abrió a debate y, finalmente, esta semana llegó a sentencia. En el camino, una de las responsables, Anahy Keller, exsubsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), durante el hecho, quedó fuera del juicio por resolución de la Corte de Constitucionalidad.
En la sentencia leída por la jueza Ingrid Vannesa Cifuentes, se condenó a seis exfuncionarios de la SBSP, la PDH, el Hogar Virgen de la Asunción y la Policía Nacional Civil (PNC), a penas que van de los 13 a los 25 años de prisión. Técnicamente, al haber condena por homicidio culposo (pese a que debió juzgárseles por ejecución extrajudicial), debió imponerse la misma por cada una de las 41 niñas asesinadas.
No obstante, la jueza Cifuentes argumentó que el Ministerio Público (MP) no pluralizó la acusación por lo que no podía imponer penas consecutivas por cada caso individual. Tampoco se condenó por las lesiones gravísimas a las 15 niñas sobrevivientes porque la juzgadora consideró que las agresiones estaban contenidas en el delito de homicidio culposo. De tal suerte que, aun con una condena, en realidad queda un agrio sabor del proceso que disminuyó la magnitud de las penas por imponer.
Pese a este sinsabor, la sentencia establece de manera categórica la responsabilidad del Estado, tanto por acción como por omisión, en los hechos que condujeron a la masacre, así como en la masacre misma. El exgobernante Jimmy Morales también ha sido señalado en el proceso por lo que la sentencia ordena que se le investigue.
Al final de cuentas, 56 niñas fueron víctimas de un Estado incapaz de ofrecerles protección y de un sistema que se ha estructurado para excluir a la niñez en condición de vulnerabilidad. Las lágrimas de las familias y de las niñas sobrevivientes durante el juicio y la lectura de la sentencia no deben quedar en el olvido. Son la muestra palpable de cuánto les debemos como sociedad y como Estado. Nos duelen y nos seguirán doliendo 56.
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