Con el presidente y sus ministros más allegados ya de viaje para participar en actividades eminentemente protocolares en Estados Unidos, en el diario oficial se publicó el 20 de septiembre el acuerdo gubernativo 5-2016, que con fecha del día anterior establece el «estado de prevención» bajo el supuesto de que las amenazas de fuertes lluvias obligaban a tomar precauciones. Sin embargo, y amparados en la Ley de Orden Público, que data de la época de Peralta Azurdia, de manera más que clara y directa el acuerdo, en su artículo 5, restringe «la plena vigencia de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución de la República», preceptos que establecen fundamentalmente que ninguna persona «podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones» (artículo 5) y la «libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia» (artículo 26).
Para que no quedaran dudas sobre el sentido y la razón del acuerdo, así como de a quiénes efectivamente iba dirigido, en el artículo 6 se decretaban, entre otras medidas, «b) limitar el derecho de libre locomoción [y] cambiar o mantener la residencia de las personas afectadas [...] g) fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse [sic] los derechos de huelga o paro o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas […] i) disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere [sic] uso de armas o se recurra a actos de violencia, j) exigir a los órganos de publicidad y difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada, y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables».
El acuerdo no da lugar a equívocos. El gobierno de FCN decidió no solo impedir la movilización social, sino también acallar las voces críticas vinieran de donde vinieran. Bajo el pretexto de atender posibles siniestros, el régimen cercenaba las libertades civiles y centraba todo su accionar en la represión violenta. Y aprovechando las puertas que el portillismo dejó abiertas para las compras en situaciones como las que se imponía, el efecenismo finalmente creía haber conseguido la fórmula para salir de shopping sin que lo controlara la Ley de Compras.
El embate autoritario fue cuidadosamente diseñado. Al establecerse el estado de prevención, no hay necesidad de autorización del Congreso, como sucede con el de emergencia, y nada impide que pueda reeditarse cuantas veces le plazca al Gobierno. No se establecían procedimientos concretos para prevenir los efectos de los fenómenos naturales y así proteger a la población, pues lo que a Jimmy y a su corte ministerial les interesaba era prohibir cualquier opinión crítica y reprimir a los que intentaran protestar por lo que fuera, con los posibles desastres naturales como pretexto.
El presidente y su equipo, incapaces de actuar con transparencia, decidieron más bien acallar a la población con la amenaza de la represión violenta. Puesta en cuestión la honestidad de la familia presidencial y del mismo vicepresidente, la respuesta no ha sido transparentar al máximo sus actos, sino, optando por los dobles discursos, hacer públicos ridículos mensajes de apoyo firmados por los ministros. El servilismo de los ministros de Trabajo, de Cultura y de la Defensa resulta patético, con el de este último como el anticipo al citado acuerdo gubernativo. Tal parece que el ministro Mansilla, sobreviviente en el cargo desde los gobiernos de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre, decidió sacar las uñas y, para mostrarse duro entre los duros, optó por poner a disposición del presidente las fuerzas armadas para defenderlo, cuestión que no hizo con su colega de armas Pérez Molina. Nadie puede entender el temor que el grupo gobernante tiene de los órganos judiciales, de la prensa y de la sociedad movilizada si no es porque tienen la cola machucada. La opacidad de sus actos y su interés por no ser escrutados dan para imaginar y suponer muchas cosas.
El acuerdo fue conocido y aprobado por el gabinete en pleno, por lo que no cabe buscar justificaciones para el autoritarismo explícito de todos y cada uno de sus miembros. En los sistemas democráticos, las voces disidentes tienen derecho a expresarse y dejar constancia de su oposición. Ejemplo meridiano de ello fue la actitud asumida por los ministros Menocal, Ferraté y Lancerio en el gobierno de Álvaro Colom, cuando dejaron constancia escrita de su desacuerdo con el acuerdo gubernativo que prorrogó la concesión extractiva a Perenco. Los ministros mantuvieron su cargo y el Gobierno siguió funcionando, pero ellos manifestaron públicamente su desacuerdo y con ello al menos limpiaron sus biografías. No se puede decir, en consecuencia, que un ministro del actual gobierno firmó el acuerdo de marras a pesar de estar en desacuerdo. De ser así, tendríamos que pensar que han perdido el más mínimo grado de dignidad y que lo único que les interesa es mantenerse en el cargo. Firmaron porque, como su jefe, el presidente Morales, están convencidos de que deben aplicarse medidas represivas a una sociedad que apenas empieza a ensayar la democracia. Es en esos momentos cuando los principios democráticos y la visión progresista deben manifestarse.
El asunto es más que preocupante en el caso del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, pues serían él y el ministro de la Defensa quienes tendrían a su cargo las acciones represivas. No puede decirse que no entendió de qué se trataba, ya que no solo es abogado, sino que ha tenido a su cargo altas responsabilidades en el Ministerio Público. Con la norma jurídica aprobada con su firma, la persecución a los críticos y opositores sería por la fuerza, vocación autoritaria que no se le conocía. Queda claro ahora que el tanque para reprimir manifestaciones que ha reparado el Ejército sería usado por su policía en casos como los aprobados en el acuerdo 5-2016. Evidentemente es un buen perseguidor del crimen, pero no tiene la más mínima vocación democrática.
Felizmente, el país ya no es el que Jimmy I y su corte ministerial imaginan. Ya no vivimos los años del autoritarismo de Peralta Azurdia y de Arana Osorio. Mal que bien, hay instituciones que funcionan en defensa del ciudadano y de sus derechos. Y esta vez el PDH y la Junta directiva del Congreso hicieron oír su voz haciéndose eco de la honda preocupación que en la sociedad se había establecido ante tan desproporcionado autoritarismo.
Morales y su gente debieron dar marcha atrás en sus propósitos autoritarios, pero nada nos dice que hayan desistido de ellos por completo. El 23 de septiembre, tres días después de publicado el acuerdo 5-2016, el presidente en funciones y los ministros que no participan del periplo VIP de Jimmy I aprobaron el acuerdo 6-2016, en el que sin tantas disposiciones represivas se establecen algunas normas para, supuestamente, proteger a las poblaciones que pueden ser afectadas por los siniestros naturales.
La vocación autoritaria y violenta del régimen ha quedado retratada de cuerpo entero, e ingenuos seríamos si pensáramos que fue culpa de un asesor irresponsable. De nosotros como ciudadanos depende que el régimen no endurezca sus prácticas, como es su interés y disposición.
Más de este autor