En líneas generales creo entender que el argumento del artículo al que me refiero puede resumirse de la siguiente forma: el transporte urbano y el extraurbano están prácticamente desregulados. La poca regulación que existe no es adecuada, su implementación es deficiente y «el sistema que supuestamente regula el transporte es corrupto, deficiente y débil». Esto ha llevado a que «… la nula intervención del Estado en el sistema de transporte extraurbano y su total privatización [hayan] generado un ambiente en el que la ganancia económica es priorizada, incluso antes que el buen trato y la seguridad de los usuarios».
Estoy de acuerdo en que el sistema actual es corrupto y en que el transporte público en general es un desastre. Discrepo con que esos males sean imputables a que nuestro sistema de transporte público sea producto de un sistema de libre empresa. De hecho, nuestro sistema de transporte colectivo es un desastre justamente porque opera bajo una regulación que lo ha llevado a ser un sector altamente privilegiado y que ha capturado al regulador.
Una cosa es la regulación del transporte urbano de la ciudad de Guatemala y de varias cabeceras y otra la regulación del transporte extraurbano. En el primer caso, el transporte urbano opera bajo un ambiente altamente regulado: las rutas que deben seguir los autobuses están delimitadas por la autoridad, las tarifas que pueden cobrar las define la autoridad y, sobre todo, la autoridad otorga un subsidio a los transportistas para que estos presten el servicio a la tarifa autorizada por aquella.
Un mercado en el cual el precio lo define el Gobierno es por definición un mercado intervenido. El subsidio ha empeorado las cosas y pasó lo que la teoría económica prevé: el regulador fue capturado por el regulado, los transportistas. Si no eres un transportista asociado y benefactor del subsidio, es imposible entrar al mercado y competir al precio fijado por la autoridad.
Por otra parte, quienes intentan o han intentado proveer servicios de transporte urbano han sido sujetos de amenaza o de violencia. El Gobierno no es capaz de proteger los derechos fundamentales en estos casos, y eso supone una barrera adicional a la entrada.
Por razones de espacio no puedo desarrollar el tema del transporte extraurbano. Si bien no tiene el mismo esquema que el transporte urbano, bien es cierto que deben llenarse una serie de requisitos que van desde un mapa detallado de las rutas y paradas y, nuevamente, se regulan las tarifas que pueden cobrar los transportistas.
Existen demasiadas barreras de entrada a partir de la regulación y de la consecuente captura de los entes reguladores para hablar de un mercado libre en el transporte colectivo. Un mercado libre es imposible en un lugar donde no se respetan los derechos fundamentales. La ley y la autoridad no le garantizan a un oferente la libertad de entrada al mercado de transporte en Guatemala. Tampoco el esquema regulatorio es el más feliz y solamente favorece a quienes ya operan bajo ese esquema corrupto. Cuando el Gobierno y las empresas duermen en la misma cama, las cosas no funcionan. El transporte colectivo en Guatemala se desarrolla bajo un esquema de capitalismo de amigotes o crony capitalism, no en un esquema de libre empresa.
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