Su accionar fue evidente y estrictamente jurídico, lo que hizo que se ganara desafectos en todos los campos, niveles y estratos. No podía ser de otro modo. No haber sido una institución politizada es la gran herencia que deja para la vida institucional y jurídica del país. Se afirma que ese fue su pecado porque no vio quién era el denunciado. En realidad, esa fue su gran virtud, cualidad que en la práctica jurídica guatemalteca parece impracticable.
No podía ser una institución política porque no estaba en ella intermediar intereses. Mucho menos podía ser partidaria, pues no podía ponerse a favorecer a algunos persiguiendo a los otros. Fue esa imparcialidad, muchas veces exasperando a sus propios aliados, la que le permitió denunciar a todo un gabinete que simplemente intentó resolver de manera ágil un serio problema de transporte público, como llevar ante los tribunales a los dueños de las más grandes riquezas por haber financiado ilegalmente la campaña de Jimmy Morales. El político habría intentado suavizar los modos y las denuncias. El partidario habría tomado partido por unos u otros.
Fue convertir la justicia en agencia de venganza y en promoción política lo que llevó al desastre la lucha contra la corrupción en Brasil, tal y como lo ha venido demostrando The Intercept Brasil, con fiscales que a falta de pruebas decían tener convicciones, con jueces que orientaban las investigaciones porque de antemano ya habían condenado al reo y lo hacían con base en «contextos».
La Cicig basó su accionar en la acumulación y presentación de pruebas, unas más poderosas que otras. Fue por ello que se ganó la simpatía y el apoyo de la mayoría de la población, que por primera vez vio que se perseguía a poderosos de los que todos sabían sus trapacerías, pero a los que nadie perseguía. Pero por ello también se ganó el odio de buena parte de las élites. De la empresarial a la militar, de la política a la supuestamente académica. De los radicales de la derecha y de la izquierda.
Se quedó con muchas investigaciones en proceso, pues los dineros mal habidos en Rusia, Estados Unidos y Centroamérica financiaron toda una campaña de desprestigio que le disminuyó capacidades. De ellas, en sus últimos días, algunas fueron entregadas públicamente al Ministerio Público, lo que dejó en evidencia que hay mucha podredumbre en nuestras instituciones y que de ahora en adelante ese organismo no podrá estar simplemente vigilante, sino que deberá demostrar a los ciudadanos, con hechos y claramente, que los hallazgos deben ser profundizados, así como por qué los responsables deben ser llevados ante los tribunales o no.
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No podrá ser en la sordina, mucho menos entre bambalinas. Las denuncias han sido presentadas y se debe seguir adelante hasta demostrar la culpabilidad o inocencia de los implicados.
En la USAC hay hechos que el MP debe investigar cuanto antes, y los señalados, rector y exrector, deberán ser llamados a declarar. Más complicada queda la situación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuyo nombramiento fue a todas luces una negociación espuria entre los para entonces dueños de los partidos Líder y Patriota. Debe ser perseguido con toda contundencia quien, usando su alto cargo en una telefónica, persiguió no solo a su esposa, sino a todo un grupo de ciudadanos que estaban construyendo un partido político. Y, por mínima congruencia política, el presidente debería pedirle que entregue el cargo. Igualmente debe suceder con Mario Leal, Otto Pérez Molina y los demás implicados en el uso ilegal de los recursos del Banco de los Trabajadores.
El MP recibió un precioso regalo. Tiene investigaciones más que avanzadas, con las que su jefa podrá demostrar que no está allí para ser parte del pacto de impunidad y de corrupción que se ha ido consolidando en las instituciones públicas del país. Pero también puede resultarle un regalo envenenado, pues la indispondrá contra quienes hasta ahora la consideran su aliada incondicional.
El Ministerio Público tiene ahora una brasa que tendrá que saber manejar. De ahora en adelante, la población tiene claro que jueces y fiscales no pueden ser políticos, ni correctos ni incorrectos. Simplemente, unos tienen que construir pruebas contundentes y los otros deberán basarse en ellas, y ambos deben seguir la normativa legal existente sin tratar de manipularla. Tampoco pueden intentar favorecer a un partido o a otro. Y esto cuenta para los juicios por financiamiento electoral ilícito, se llame Jimmy Morales o Sandra Torres el denunciado o la denunciada. No podrá haber pesos y medidas diferentes según las simpatías de jueces y fiscales.
La Cicig se ha ido, pero nos ha dejado hermosos regalos que deberemos saber desempacar y aprovechar, pues serán venenosos si nos dejamos llevar por el pacto de impunidad, pero fortalecedores si unidos exigimos que se ponga punto final al uso oportunista y corrupto del sistema judicial.
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