La ciudad secuestrada

Las ya de por sí prolongadas jornadas de espera en el tráfico se alargaron casi en un cien por ciento. Dos días antes de las elecciones generales del 16 de junio, el Ministerio Público (MP) presentó denuncia penal y solicitó antejuicio contra el alcalde Ricardo Quiñónez como parte del caso llamado Caja de Pandora, una investigación que documenta el uso clientelar, por parte de la familia Arzú Escobar, de los recursos de la alcaldía como caja chica familiar y del Partido Unionista.

Con esos antecedentes había dudas sobre la posibilidad de que el clan político familiar que ha detentado el poder en la alcaldía lograra retener el control de la municipalidad. La mayoría de las valoraciones planteaban el casi inminente relevo en virtud del descontento por la ineficiencia mostrada por dicha red político-familiar, la cual ha conducido la corporación por casi dos décadas.

La capital es un monumento a la distorsión urbana. Crecimiento anárquico y sin planificación en materia de vivienda. Carencia creciente de servicio de agua entubada. Por supuesto, ausencia de agua potable, lo cual favorece el negocio del agua embotellada. Un sistema de drenajes sin mantenimiento, mucho menos con desarrollo planificado. Incapacidad en el manejo de los desechos y de la basura, así como un servicio de transporte público ineficiente, inseguro y ajeno totalmente a las necesidades de la población capitalina. Arterias principales, como la 18 calle de la zona 1, convertidas en mercados por decisiones de la administración municipal, que, como otros fenómenos, contribuye al crecimiento desmedido del tráfico.

Dos décadas en las que la capital del país, lejos de ser una ciudad amigable, se ha convertido en un espacio falsamente urbanizado, que genera esquizofrenia social ante su clima insalubre. Esa es la cosecha de la gestión del arzuismo enclavada en el Partido Unionista. De ahí que, ante crecientes y abundantes manifestaciones de desagrado y descontento, se gestara la idea de que el relevo llegaría con los comicios realizados.

Sin embargo, pese a los pronósticos y los antecedentes, el partido que fundó el eje del caso Caja de Pandora, el de Álvaro Arzú Irigoyen, logró retener la alcaldía. De ahí que, una vez conocido el resultado, se especulara sobre los motivos del nuevo triunfo del proyecto político familiar. Hubo quienes, por ejemplo, plantearon que los votos que le faltaron a Roberto González para derrotar a Quiñónez estaban perdidos en los sufragios otorgados al candidato del Movimiento Semilla, Álvaro Véliz. Otros opinaban que en realidad no votaron por González porque este era percibido como aliado de la administración actual, puesto que en las elecciones de 2015 había sido candidato a la presidencia del Partido Unionista.

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Sin embargo, poco a poco aparecieron otros elementos que antes no habían estado en el análisis. Un dato esencial es que la municipalidad capitalina es el segundo empleador de la ciudad. Es decir, emplea, bajo diversas modalidades, a miles de personas distribuidas en diversidad de programas, diseminadas en contacto directo con la población de los múltiples estratos sociales.

Otros elementos son aportados por datos que incluyen la investigación del caso Caja de Pandora, presentado recientemente. En estos se destaca que la ciudad se dividía no en las zonas que oficialmente se establece para la organización urbana. La capital estaba dividida en cuatro áreas, una por cada letra que compone el apellido Arzú. El responsable del control territorial y de las personas que habitan cada uno de estos espacios ha sido Howard Yang, actualmente prófugo. Yang fue secretario de análisis estratégico —inteligencia estatal— del gobierno de Arzú. De acuerdo con la información, al dividirse la ciudad en áreas bajo control se incluía no solo el fichaje del personal de la municipalidad, sino también el registro de sus familiares, a quienes se forzaba a inscribirse en el partido que controla la alcaldía. Los comités únicos de barrio (CUB), organizados casi cuadra por cuadra, constituían la fuente básica de información y precisión de descontento ciudadano, a tal grado que, cuando en asambleas de alguno de los CUB alguien presentaba una queja contra la gestión municipal, el dato se refería como reporte de inteligencia y de inmediato dicha persona era visitada por personal de la entidad.

Cimentado en la relación política clientelar, controlando las reacciones sociales una por una y presionando al personal de la alcaldía —haciéndole temer por su trabajo en caso de no obedecer órdenes—, el clan Arzú Escobar prácticamente secuestró la ciudad. De esa cuenta se asegura el poder continuado y el uso discrecional de los recursos estatales, que incluso han derivado en un pago sin justificación a la viuda del alcalde. De esa cuenta, hoy por hoy la capital, y con ella sus habitantes, está secuestrada por una banda que vive a expensas del deterioro de la ciudad.