En el último siglo, trasladar informaciones y opiniones se ha convertido en un negocio, que puede ser rentable según se conquisten anunciantes y lectores. Los dueños, a través de sus asociaciones corporativas, dicen defender el derecho a opinar, pero en la mayoría de los casos es simplemente la defensa de sus intereses. Llegados a la época de la Internet, solamente están sobreviviendo aquellos medios que manejan recursos suficientes para tener, además de sus versiones impresas, cadenas de radio y televisión, así como la versión digital de aquellas.
Si el ejemplo en lengua castellana más claro de esa diversidad mediática que requiere de grandes capitales es el grupo Prisa, dueño de El País en España, la debacle financiera y ética de Siglo 21 es el claro contraste guatemalteco. El País quiso ser el medio de la apertura democrática española, pero, orientados sus propietarios a priorizar las ganancias, estos pronto se arrodillaron ante los intereses de las grandes empresas, al grado de que ahora Telefónica es una de sus más importantes accionistas. Inmersos en tener, sobre todo, grandes beneficios, la manipulación de la información nacional e internacional se ha convertido en su signo. Desestabilizar el Gobierno de Venezuela ha sido una de sus obsesiones, a la par de acallar la gigantesca corrupción de los gobiernos de Rajoy en España y de Peña Nieto en México, la muestra fehaciente de que su interés son las ganancias y, para nada, satisfacer el derecho de las audiencias a una información veraz y efectiva.
En Guatemala, los diversos intereses que manejó Siglo 21 hicieron que este paulatinamente perdiera toda credibilidad y decencia. En un mercado chato y apocado, la manipulación de las informaciones se ha convertido en el mecanismo idóneo para chantajear gobiernos e intentar alienar a los lectores. Visto como negocio, fue presa fácil del intento de ser usado como mecanismo para el blanqueo de activos por parte de Baldetti y de Pérez Molina. Los distintos grupos empresariales que lo compraron y vendieron no privilegiaron nunca al lector, pues lo que buscaron siempre fue obtener los mayores ingresos posibles a costa de una planta de trabajadores permanentemente ninguneada y una información cada vez más complaciente con los poderes políticos y económicos.
Quien privilegia la ganancia, de obtención lenta o rápida, no podrá comprometerse con la defensa de los derechos de quienes día a día venden su fuerza de trabajo para ganarse el sustento y preferirá sotanas y púlpitos perfumados a los debates amplios y abiertos sobre los derechos de las minorías y las lacerantes desigualdades. Quien obtiene información adquiere poder, y los dueños de medios comerciales siempre, o casi siempre, se verán tentados a manipularla para ejercerlo y obtener así el mayor lucro posible.
En países donde la corrupción es el signo distintivo de la gestión pública (el caso de Guatemala), la prensa no ha sido un instrumento activo en la construcción de una ética social diferente. Acallándola o asociándose a los corruptos durante décadas, los medios impresos, radiales y televisivos tienen una gran responsabilidad en que esa lacra se haya enquistado y desarrollado tan espantosamente en la gestión pública. De nuevo, Siglo 21 es el mejor ejemplo, pero lamentablemente no el único. Si en sus estertores finales resultó portavoz de los sectores abiertamente favorables a la corrupción y de la defensa de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, lo que sucede a diario en los noticieros televisivos y radiales del grupo Alba sería de avergonzar a cualquier defensor real de la democracia y de los derechos a la información.
Nuevas generaciones de periodistas y de comunicadores se niegan a servir de instrumento a tales aberraciones empresariales, pero, si bien algunos logran, a costa de bajos salarios, realizar su función con ética y profesionalismo, muchos otros han visto negados sus mínimos derechos laborales, como sucedió con la mayoría de los que en distintas épocas laboraron para Siglo 21, o han sido obligados a retirarse sin mayores beneficios, como sucedió con los del grupo Antigua.
Si Guatemala necesita amplias y profundas reformas políticas y económicas, es necesario alertar en cuanto a que, mientras no se legisle y actúe en defensa de los ciudadanos, llamados ahora de audiencias, ningún cambio real y efectivo podrá producirse. Sin una ley de medios que privilegie los derechos de los comunicadores y de sus audiencias por sobre los intereses comerciales de los propietarios, la manipulación de la información y el uso de los medios para blanqueo de activos será siempre una sombra que oscurezca y limite democracias que, como la nuestra, aún están en gestación.
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