Los escándalos de corrupción que sepultaron política y socialmente a Pérez Molina, Baldetti y a todo su gobierno, más los registrados en los tres poderes del Estado, en las municipalidades, en los partidos políticos, entre los empresarios, etcétera, han generado un cambio fundamental: con las pruebas que están aportando el MP y la Cicig, la corrupción pasó de ser una percepción a ser algo demostrado.
La ciudadanía ahora condiciona muchas acciones de gobierno a demostraciones de transparencia y de lucha contra la corrupción. Esto, por un lado, por supuesto es acertado y necesario. La respuesta a la magnitud de los escándalos no debería ser de otra manera. Insisto: es algo necesario si se tiene en cuenta que Pérez Molina, Baldetti y toda su gavilla no son los únicos corruptos y ladrones que hay. Ya hubo también corruptos y ladrones en el gobierno transitorio de Maldonado Aguirre y los hay en el de Jimmy Morales. No se han demostrado casos, pero es, de nuevo, un secreto a voces.
Por otro lado, condicionar la acción gubernamental a la lucha contra la corrupción tiene riesgos. Uno, y muy grande, es caer en la tentación de pensar que, si se erradica la corrupción, entonces todos los problemas quedan resueltos. Esta es una visión maniqueísta de las cosas, muy popular por cierto, que ignora la diversidad y la gravedad de numerosos problemas, que incluso un gobierno perfectamente honesto no podría resolver si no cuenta con los recursos, las instituciones y las leyes, entre otras condiciones, que necesita para ello.
Otro riesgo, espero que no tan popular, es pretender que la corrupción en el Gobierno nos da permiso para también ser corruptos. ¿Cuántos no han dicho ya: «No pagaré impuestos hasta que termine la corrupción»? Semejante tontera pasa por alto varias cosas: si se aceptase, ¿cómo y quién dice que ya no hay corrupción para comenzar a pagar impuestos? ¿El Gobierno? ¿Cómo se mide el umbral de corrupción a partir del cual volver a tributar? Además de no darse cuenta de que no pagar impuestos es robo y corrupción, esta visión parte de la lógica de que, «si alguien me roba, entonces yo puedo robar», con la cual ¡vaya usted a saber adónde iríamos a parar! Los escándalos de corrupción no deben aprovecharse como excusas para no pagar impuestos o incumplir cualquiera de nuestras obligaciones.
Por otro lado, solemos pasar por alto que la lucha contra la corrupción no es gratis: cuesta dinero, tiempo y muchísimo esfuerzo. Claro, allí cae la demanda justa de exigir a los corruptos que devuelvan lo robado. Justa pero impráctica como fuente de financiamiento para políticas públicas. ¿Cuánto tarda un juez en ordenar la extinción de dominio de bienes robados? ¿Cuánto tardan los bienes confiscados a los corruptos en convertirse en financiamiento efectivo para programas de gasto público? ¿Alcanza?
El incipiente movimiento social contra la corrupción es de lo mejor que le ha pasado a Guatemala, al punto de que Gobiernos como el de Honduras tiemblan del miedo de que allá se replique lo ocurrido acá. Sin embargo, para que el esfuerzo no se pierda, es imperativo entender que la lucha contra la corrupción es algo muy necesario pero insuficiente.
La lucha contra la corrupción es una premisa para el fortalecimiento del Estado. Debe ser un elemento en una agenda integral que incluya elevar la carga tributaria con principios de justicia fiscal (el que tiene más paga más), así como más y mejor gasto público, instituciones más efectivas, etc.
Nada de esto lograremos si la corrupción sigue. Pero tampoco lo lograremos solo con erradicarla.
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