Leo, con conmoción, que entre 2017 y 2025 siete mujeres denunciaron a un médico por agredirlas sexualmente durante la consulta en el hospital público de El Progreso, en el nororiente de Guatemala. Hace un mes, se nos informó sobre cuatro jueces de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, señalados, entre otros delitos, de abuso sexual contra una adolescente. En ambos casos, aunque las denuncias fueron hechas, tanto el médico como los jueces siguen laborando en las instituciones públicas mencionadas.
Violan y agreden sexualmente padres, abuelos, primos, tíos, sacerdotes, pastores, médicos, maestros, presidentes. La lista puede ser infinita. Son hombres, conocidos o desconocidos, quienes, en la mayoría de los casos, perpetran estos actos.
Violan y agreden sexualmente en la casa, en el consultorio, en las iglesias, en las oficinas públicas, en los taxis, en los buses, en la calle, en los parques y en el territorio digital. Violan de mañana, de tarde, de noche. Se violó a niñas, adolescentes y mujeres adultas durante el Conflicto Armado Interno y se siguen violando en la actualidad.
En 2024, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público registró 2,709 casos de agresión sexual contra 3,121 mujeres de todas las edades y 5,344 casos de violación sexual que afectaron a 5,841 víctimas. En los tres meses transcurridos de 2025, ya se han contabilizado 431 casos de agresión con 489 afectadas y 1,148 que denunciaron una violación sexual.
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A pesar de todo esto, el silencio sobre la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres en el país sigue siendo ensordecedor. Hay marco legal. La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. En el artículo 173 del Código Penal de Guatemala se estipula claramente qué es violación y qué es agresión sexual. La Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense.
Ha habido procesos formativos a personal médico y de justicia, numerosos intentos de colocarlo en el debate público, mujeres que a nivel nacional e internacional han hecho esfuerzos denodados para que se aborde este problema social. Organismos internacionales que han propiciado que los Estados avancen en la garantía del derecho de las mujeres a vivir sin violencia.
Existe institucionalidad y compromisos de Estado. Y, entonces ¿qué falta para que, por fin, se enfrente el problema de manera pertinente?
Lo que falta es romper con la mirada y actitudes que desprecian a las mujeres. Dejar de creer que las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia son «neutras» para asumir que sus procedimientos son profundamente sexistas y que no han hecho esfuerzos suficientes para colocar en el centro el dolor de las víctimas de este delito. Y para hacer prevalecer sus derechos.
¿Podemos hacer algo al respecto? Claro que sí. Debemos exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres; que persiga penalmente, y con mayor ahínco, a los perpetradores de violencia sexual, sin importar cuan poderosos sean. Que realice campañas informativas para prevenir la ocurrencia de los casos.
Desde la sociedad civil, las personalidades de la cultura, la política y la empresa privada pueden y deben comprometerse a nombrar la violencia y el acoso sexual. En sus respectivos espacios, deben impulsar procesos formativos y de sensibilización para generar protocolos y entornos seguros.
Además, fomentar en nuestros entornos que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones y ser parte de la toma de decisiones. Que no se promuevan ejemplos de masculinidad violenta, que se impulsen acciones hacia el logro de la paridad en todos los ámbitos donde nos movemos. Impulsar acciones que contribuyan a desandar las desigualdades construidas sobre las diferencias. Desde los medios de comunicación se pueden redefinir enfoques, agendas, selección de fuentes, tratamiento de temas que nunca se abordan como este, por ejemplo, del acoso sexual.
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